El pasado 9 de abril llevamos adelante el
Congreso Nacional de La Generación, un
espacio que contó con la participación de
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia
Vidal, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y
más de 200 referentes de todas las líneas
de JxC, con la presencia de autoridades de
la agrupación provenientes de provincias
como Corrientes, Chaco, Misiones, La
Pampa, Santa Fe, San Juan, Neuquén,
Chubut, Mendoza, PBA, Jujuy, Córdoba,
San Luis y CABA.
El evento tuvo como objetivo volver a
encontrarnos para seguir fortaleciendo la
alianza cambiemita en toda la Nación y,
además, repensar las reformas
estructurales que debería enfrentar la
política argentina de cara al porvenir. En
ese sentido, planteamos una agenda en
donde se votaron los tres desafíos más
urgentes para encauzar al país en el marco
de un desarrollo sostenible. Uno de los más
elegidos, fue el de la reforma de la
coparticipación federal.
¿QUÉ ES LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL?
En nuestro país, el sistema de
coparticipación federal es una de las
herramientas fundamentales de
asignación de recursos para la
implementación y ejecución de políticas
públicas por parte de los gobiernos.
Más concretamente, estamos hablando del
mecanismo de distribución y asignación de
recursos recaudados a nivel nacional a
través de impuestos y repartidos entre
Nación y provincias (distribución primaria) y
provincias entre sí (distribución secundaria). Palabras más, palabras menos, hablamos del reparto de guita.
Debemos tener en cuenta que, en las
esferas provinciales, también se cuenta con
los correspondientes sistemas de
coparticipación provincial —que a su vez
contemplan las transferencias monetarias
a municipios— y que el sistema de reparto
nacional, como ya se verá, posee una
excesiva discrecionalidad en la distribución
de recursos, careciendo de criterios
objetivos de reparto y obedeciendo a un
parche antiguo, que deja gran parte del
manejo a piacere de quien se sienta en el
sillón de Rivadavia.
Podrá parecer un tema técnico (spoiler
alert: lo es) pero la realidad es que termina
teniendo una injerencia y preponderancia
rotunda respecto al manejo de la política
en todo el territorio nacional. En resumidas
cuentas: quien maneja los fondos, maneja
el poder.
¿CÓMO
ES EL REPARTO HOY?
La reforma constitucional de 1994, obligaba
en un término no mayor a 2 años, al dictado
de una nueva ley convenio que regule el
sistema con criterios objetivos de reparto y
en relación a las competencias, servicios y
funciones de cada una las provincias. Dicha
norma jamás fue dictada. La ley que
ordena la distribución sigue siendo la
23.548 del año 1988, que no posee
criterios objetivos para los coeficientes de
reparto, sino que toma los porcentajes de
transferencias realizadas durante el período
1985-1987, en el cual no existía normativa de
coparticipación y la división de fondos se
realizaba de acuerdo con las necesidades
provinciales y el poder de negociación de
los gobiernos distritales en aquel período.
Por lo tanto, hoy en día, nos seguimos
ordenando con una ley que ya tiene más
de 30 años de antigüedad postulando que,
del 100% de la masa coparticipable
(llamado “laberinto de la coparticipación”
por la cantidad de ingresos a través de
impuestos que la componen) tenemos dos
distribuciones.
1) Distribución Primaria:
42,3% de los fondos pertenecen al Estado
Nacional.
54,6% de lo recaudado, es destinado a las
provincias.
1% de los fondos componen los ATN
—Aportes del Tesoro Nacional— que se
reparten en «situaciones de emergencia»
(las popularmente conocidas como
transferencias discrecionales del Gobierno
Nacional de Turno, a través del Ministerio
del Interior)
El porcentaje restante es destinado a
fondos de recupero para algunos distritos
—recordemos el caso de CABA en donde
«Ah pero Macri mediante» tras el traspaso
de la Policía Federal a la Ciudad, en 2016 se
elevó la cuota a 3,75%. Con el Pacto Fiscal
de noviembre de 2017, esa cifra bajó a 3,5%.
Ahora se redujo por decreto a 2,32% y se
busca llevarlo a 1,4%—.
2) Distribución Secundaria:
Regula la distribución entre provincias de
aquel 54,6% con algunas particularidades.
Buenos Aires se lleva el 19,9% (aporta 33%
al PBI nacional) las provincias patagónicas
se llevan en promedio un 1,6% cada una y
por mencionar un caso especial, la
Provincia del Chaco (AKA Coquilandia)
absorbe el 5,1% siendo la cuarta que mayor
porcentaje recibe por transferencias
automáticas.
Debemos considerar algunos aspectos
elementales, en donde se nos presentan
una serie de asimetrías. Tanto la
distribución primaria como secundaria
responden a porcentajes fijos, sin tener
en cuenta las necesidades de gasto ni las
potestades tributarias de cada una de las
provincias. Así como hay distritos que se
llevan mucho más de lo que aportan,
también es cierto que son los que poseen
mayor pobreza estructural. Esta situación se
enmarca en un círculo vicioso que nunca
termina de corregirse.
Debido a la falta de una norma que
coordine y haga de la distribución de
recursos una política de Estado sólida, se da
una notoria concentración de poder por
parte del gobierno federal. Asimismo, hay
que dimensionar las necesidades de
algunas provincias de subsistir y solventar
sus gastos en base al ingreso primordial
que obtienen a través de la distribución
secundaria ya que, en algunos casos, con
sus recursos propios no financian (Gildo
Alert) siquiera sus gastos corrientes. La
necesidad de un sistema solidario y objetivo
es innegable. Nos encontramos hoy con
provincias totalmente dependientes del
gobierno central (caso de Formosa, La
Rioja, Chaco, entre otras) y aquellas que
aportan mucho más de lo que reciben
(CABA, Bs.As.) Esto es una cuestión central,
ya que, los criterios objetivos a los que
hacemos referencia (que hoy no existen)
deberían apuntar a garantizar un
desarrollo integral y sistémico en toda la
Nación.
Respecto a la discrecionalidad a la hora del
reparto de fondos (situación que
trataremos con mayor detalle en otra
oportunidad) resulta relevante destacar los
ciclos electorales, ya que, en años de
elecciones los presidentes tienden a
distribuir los fondos que no están sujetos a
transferencias automáticas, a las
provincias más grandes y más pobladas. Y
en años no electorales, se distribuye más a
las provincias menos pobladas, menos
ricas, pero más sobrerrepresentadas,
asegurando apoyo legislativo y
gobernabilidad (realpolitik y power
management duro y puro).
¿ES POSIBLE
UNA REFORMA?
El objetivo de esta columna era retratar
un breve diagnóstico acerca de qué es la
coparticipación, cómo es el sistema
actual de reparto y por qué es necesario
un cambio. En otra ocasión,
profundizaremos sobre cómo es el
funcionamiento de los sistemas en otros
gobiernos del mundo occidental, qué
podríamos imitar y qué tipos de reformas
pueden plantearse (desde modificaciones
graduales o parches hasta cambios
sustanciales). No obstante, podríamos
adelantar que la búsqueda de un ideal
debería poder orientarse a combinar la
libre disponibilidad de recursos con un
sistema de premios y castigos a través de
la evaluación —por medio de un órgano
con representación federal— del uso de
los recursos transferidos.
No se trata de una reforma ordinaria. Estos
Acuerdos de Sokovia Criollos, requieren
coincidencias entre el Presidente y los
Gobernadores, sumado a las mayorías
calificadas en cada cámara del Congreso,
además de su aprobación en cada una de
las legislaturas provinciales. Hablamos de
“ley de consensos” en donde se trata de
cambiar el statu quo con todas las partes
cediendo algo para tratar de ganar otro
tanto, con lo cual la desconfianza se
presenta a flor de piel.
Argentina está escrita en federal pero vive
en unitario, mezclando un reparto de
recursos a discreción del Ejecutivo
Nacional con porcentajes de distribución
que no se condicen con las necesidades
actuales, no apuntan a corregir asimetrías
ni se enfocan en cuestiones de
crecimiento ni desarrollo económico
sistémico. Cuando hablamos de un
verdadero federalismo, lo entendemos
como aquel esquema que trata de
salvaguardar la “unidad en la diversidad”,
es decir, intenta garantizar un equilibrio
entre el poder central y las autonomías e
independencias provinciales. Hoy la
balanza sigue inclinada, y no se observan
perspectivas de cambio.
Para lograr reformas estructurales, no
queda otro camino que saltar la grieta.
No solo por una cuestión filosófica, de
pensamiento o vivencia política. Hay un
mandato legal e institucional de por medio
que nos obliga a sentarnos en una misma
mesa si queremos modificaciones
sustanciales. En La Generación
trabajamos precisamente para eso,
primero fortaleciendo la convivencia y
diversidad en nuestro propio espacio y
luego buscando sumar a más actores
que aboguen por esta idea reformista de
desarrollo. Seguiremos ampliando.