II CONGRESO NACIONAL DE LA GENERACIÓN ARGENTINA 11 de junio de 2022, Paraná, Entre Ríos
1) Nuestro principal objetivo es que
los chicos y chicas aprendan.
La escuela como espacio de
enseñanza – aprendizaje.
El foco de las políticas educativas
debe estar centrado en las y los
estudiantes y en cómo ellos y ellas
aprenden más y mejor. Nuestro
país se encuentra atravesando
una profunda crisis en materia
de aprendizajes; así lo evidencian
los pocos datos estadísticos y las
evaluaciones que se han realizado a
nivel nacional. Debemos colocar el
foco en lo urgente y prioritario.
Solo el 16% de alumnos y alumnas
que comienza su escolarización
logra terminar su educación
secundaria en tiempo y forma,
es decir, que la inmensa mayoría
repite o abandona la escuela. La
respuesta a esta problemática de
ninguna manera puede ser que los
y las estudiantes pasen de año sin
alcanzar los saberes establecidos en
los diseños curriculares. Tiene que
haber otra alternativa.
Comencemos por el principio: más
del 60% de los y las estudiantes de
la Argentina no comprenden lo que
leen al finalizar su escuela primaria.
Revisar metodologías de enseñanza,
diseños curriculares y programas
focalizados en materia de Prácticas
del Lenguaje es prioritario, ya que
este saber impacta de manera
directa en la comprensión del resto
de las disciplinas.
En este sentido, nuestro objetivo
es alcanzar modelos equilibrados
que les permitan a los y las
docentes contar con herramientas
curriculares para afrontar el
desafío que tienen en las aulas de
las escuelas primarias sin ataduras
ideológicas ni debates abstractos.
2) Para mejorar la educación,
primero hay que medirla
La evaluación como política de
Estado.
Desde La Generación concebimos
a la educación como la igualadora
de oportunidades por excelencia.
Entendemos que tenemos
que generar las herramientas y
condiciones para construir un país
justo e inclusivo, donde el lugar
de nacimiento o el contexto de
una persona no condicione sus
posibilidades de crecimiento y
progreso en su vida.
Para definir el rumbo de las
políticas públicas y las políticas
de Estado es necesario tener las
prioridades claras y contar con
evidencia para la planificación e
implementación de las mismas.
Para ello es necesario contar con
un sistema de evaluaciones y de
indicadores de calidad educativa
institucionalizado, público y
reconocido por todas las provincias.
Parte de lo que se necesita para
llevar adelante una transformación
educativa, es hablar con evidencia,
es decir la verdad, es decir dónde
estamos parados, es reconocer
la situación en la que nos
encontramos y con esa evidencia
trabajar de la mejor manera para
diseñar, planificar, elaborar e
implementar las políticas.
Sin embargo, sabemos que
la evaluación por sí sola no es
suficiente y no corrige los problemas
que hoy presenta la educación, pero
sí nos brinda información valiosa
para la construcción de datos que
se constituyen en una herramienta
fundamental a la hora de
profundizar y diseñar las prácticas y
políticas con el objetivo de mejorar
la educación.
Los problemas de la educación
no van a desaparecer porque se
dejen de medir. Por eso, hay que
impulsar la evaluación, elaboración y
distribución de datos educativos que
muestran la realidad sobre la que
hay que trabajar de manera urgente.
3) Queremos formar a los y las
mejores docentes
Reforma de la formación docente /
acreditación de validez nacional.
Un sistema educativo nunca es
superior a sus docentes. Por eso,
necesitamos formar a los mejores
docentes.
Hoy en día, donde la única
constante es el cambio, estamos
convencidos de que hay que
repensar los procesos y la forma
en que cada estudiante aprende.
Los estudiantes del siglo XXI exigen
que se desarrollen nuevos métodos
de enseñanza y de acceso a los
contenidos, por lo que rediseñar
la formación docente no solo es
necesario, sino también urgente.
Sabemos que los y las docentes
son los principales agentes de
cambio para llevar adelante las
transformaciones que la educación
necesita. Son quienes acompañan a
los y las estudiantes en sus procesos
de aprendizaje y en el desarrollo de
habilidades que van a prepararlos
para los desafíos del presente y del
futuro.
Entendemos que hay que establecer
mecanismos que garanticen
estándares de calidad en la
formación docente en todo el país.
Tenemos que impulsar medidas
que definan los procesos de
evaluación, acreditación y mejora
de las instituciones de formación
docente de todo el país como
condición para el otorgamiento de
la validez nacional de los títulos. La
validez nacional de los títulos es un
elemento central para garantizar
la calidad de la formación docente
y la circulación de todas las y los
docentes en el país.
Necesitamos garantizar estándares
mínimos de calidad para el
otorgamiento de la validez nacional
de un título docente si queremos
una Argentina con igualdad de
oportunidades.
Asimismo es fundamental impulsar
y acompañar iniciativas de reforma
a nivel provincial tendientes a
modificar los sistemas de incentivos
para el desarrollo profesional
docente, como hizo la Ciudad de
Buenos Aires con la reforma del
Estatuto del Docente en el mes de
mayo del presente año
4) Nueva ley de financiamiento
educativo
Reforma de ley de financiamiento
educativo / Foco en la distribución
de recursos nacionales condicionado
a indicadores objetivos de mejora en
la calidad.
Creemos que la Ley N.° 26.075 de
Financiamiento Educativo fue
un paso en la dirección correcta
respecto a la necesidad de
garantizar bases sólidas de inversión
educativa consolidada en todo el
país con el esfuerzo conjunto de
la Nación y las provincias llegando
a representar 6 puntos del PBI
actualmente. Sin embargo, esta
ley fracasó en alinear esos nuevos
recursos al cumplimiento de metas
objetivas y concretas en materia
de calidad educativa. Esa mayor
inversión de recursos nacionales
y provinciales no logró consolidar
procesos de mejora sostenidos en
los aprendizajes de los estudiantes.
Necesitamos orientar la
distribución de recursos nacionales
(transferencias automáticas y no
automáticas de la Nación a las
provincias) al cumplimiento de
resultados y metas específicas de
mejora en la calidad educativa y de
la calidad del gasto.
Sabemos que nuestro país
detenta profundas desigualdades,
que se acentuaron producto
de la pandemia. Por eso, es
necesario repensar y reformular la
distribución de recursos nacionales
a las provincias. A su vez, debemos
reorientar la distribución de recursos
nacionales a planes de mejora
de la calidad educativa de cada
provincia. Para lograrlo, debemos
utilizar un sistema de evaluaciones
nacional objetivo, institucionalizado
y reconocido que permita que cada
provincia elabore planes y medidas
para mover esos indicadores de
calidad educativa junto a la Nación.
Las provincias deben competir
contra sus propios indicadores
internos, teniendo en cuenta su
contexto y su realidad provincial,
trazar un plan de mejora que pueda
ser monitoreado por el Ministerio
de Educación de Nación respecto al
cumplimiento de sus propias metas
y condicionar las transferencias
nacionales al cumplimiento de esas
metas objetivas que las propias
provincias trazaron.
Frente a la crisis educativa que
atraviesa nuestro país, creemos
que la prioridad tiene que estar en
adaptar y flexibilizar las bases sobre
las que se construye la igualdad
en nuestro sistema. Tenemos que
redefinir el esquema federal en
donde el Gobierno nacional y las
jurisdicciones colaboren en la
construcción de un nuevo acuerdo
político priorizando a la educación
como motor de cambio.
En Argentina, se estima que
1,3 millones de niños, niñas y
adolescentes abandonaron la
escuela durante la pandemia y
aquellos que sostuvieron el vínculo
aprendieron muy por debajo de lo
esperable para su nivel sin alcanzar
los saberes y aprendizajes básicos
que necesitan para terminar sus
estudios y conseguir un trabajo
y los argentinos y argentinas
necesitamos trabajar.
En esta línea, estamos convencidos
de que tenemos que redefinir un
sistema de asignación de recursos
que considere los indicadores de
desigualdad y vulnerabilidad que
acompañen a las jurisdicciones,
las cuales deben estar atadas a
obligaciones y responsabilidades
por parte de quien reciba los
recursos nacionales.
Para avanzar en el cumplimiento
de metas educativas como jornada
extendida, mejora de la educación
secundaria, actualización de la
formación docente, cobertura de
vacantes, entre otras, precisamos
que exista un sistema de incentivos
claro para el cumplimiento de esos
objetivos y una rendición de cuentas
ágil y transparente por parte de las
jurisdicciones.
Una nueva estrategia para el
financiamiento educativo de
nuestro país sería una acción de
madurez que nos permitirá empezar
a avanzar en la dirección correcta
y romper la inercia de deterioro
sostenido en la que estamos
5) Una educación universitaria más
grande y orientada al estudiante.
En 2021 solamente 158.000 jóvenes
de todo el país eligieron continuar
sus estudios en una universidad
nacional. Si tomamos en cuenta
también a las instituciones privadas
se trata de 214.500 jóvenes. Es
necesario aumentar la cantidad
de estudiantes universitarios.
La universidad pública espera
a más argentinos, sobre todo a
más jóvenes. Tenemos el deber
de consolidar nuestras mejores y
más luminosas herramientas para
generar ciudadanos libres, con la
capacidad de generar un propio
plan de vida y aportar a un país que
se desarrolle. La universidad pública
es una de ellas. Lo más grande de
las universidades no debe ser su
presupuesto o sus capacidades
edilicias o de servicios educativos,
lo más grande de la universidad
pública debe ser su claustro de
estudiantes.
Para lograrlo, es necesario diseñar
estrategias para generar vocaciones
tempranas y que tiendan a
reducir la distancia material y
cultural entre los y las jóvenes y
la educación superior. Debemos
contarles a los y las jóvenes que se
encuentran finalizando su Nivel
Secundario que existen estas
instituciones, que alguna de ellas
está en alguna medida y de alguna
forma a su alcance, y que trabajan
específicamente para brindarles las
herramientas para que adquieran
competencias y habilidades clave
para su desarrollo humano integral,
sobre todo laboral o profesional.
En esta línea, se torna cada vez
más importante profundizar
una perspectiva de planificación
general de la educación superior.
Las universidades nacionales, cuyo
presupuesto público en 2021 fue de
212.772 mil millones de pesos, hoy
dictan más de 2.600 carreras de
pregrado y más de 5.300 carreras
de grado. Debemos analizar de
qué se trata esta oferta académica
existente y hacerlo a la luz de las
demandas sociales vigentes a la
hora de expandirla. La propuesta
de carreras debe tener íntima
vinculación con las áreas de
vacancia de profesiones y oficios que
registran los sectores comerciales
y productivos de cada región. De
esta manera, los horizontes de
posibilidades que se les plantean a
los estudiantes tienen correlato real
con su vida luego de la universidad y
se materializa el rol de la universidad
hacia el desarrollo de un país que
genera cada vez más y mejor valor.
A su vez, es determinante revisar
con espíritu crítico los planes de
estudio: debemos migrar hacia una
educación superior centrada en
el y la estudiante. Mientras que la
población estudiantil era de 2.187.292
personas, en el año 2019 egresaron
solamente 135.908 alumnos en todo
el país y el 25.7% de ellos terminó la
carrera de acuerdo al tiempo teórico
esperado. Es imperioso detenernos
en la cantidad de tiempo que los
y las estudiantes deben invertir
antes de obtener cualquier tipo
de certificación que puedan
hacer valer en el campo laboral.
Creemos que generar titulaciones
intermedias para carreras de 4
años o más es una estrategia para
tener presente. A su vez, relevar
las superposiciones de contenidos
a lo largo de toda la trayectoria
teórica debería acercarnos a diseñar
experiencias universitarias con saltos
de eficiencia considerables.
La educación es la herramienta
más poderosa para transformar
a todos los habitantes del suelo
argentino en ciudadanos libres,
para generar un progreso
colectivo genuino cimentado en
el desarrollo humano integral
de cada persona. Por todo esto,
afirmamos: la educación es
nuestra prioridad.
Nuestro compromiso político es profundizar el trabajo de un plan de acción transformador basado en:
- La elaboración de un Plan Nacional de Alfabetización y Comprensión Lectora.
- La institucionalización de un sistema obligatorio de evaluaciones e indicadores de calidad educativa nacional.
- La evaluación, acreditación y mejora de las instituciones de formación docente como condición para el otorgamiento de validez nacional de los títulos.
- La reforma de la ley de financiamiento educativo que modifique el sistema de incentivos.
- La planificación de una educación superior orientada al estudiante que multiplique el universo de sus beneficiarios.